La oleada de municipalizaciones que afecta a los municipios españoles, en su mayoría a aquellos gobernados por Podemos o sus alianzas, pero también a otros en los que el poder lo ejercen PSOE o PP, como es el caso de Málaga y su servicio de limpieza de basuras, es muy difícil de entender si no es desde la visión sesgada de la ideología política. Un buen ejemplo de que se trata de movimientos en contra de cualquier lógica política, social o económica es lo que ocurre en Cádiz.

El alcalde, José María González Santos, “Kichi”, hizo bandera en su campaña electoral de la municipalización de los servicios de limpieza, socorrismo y mantenimiento de las playas de la ciudad. La promesa, lanzada en su día para pescar votos, se revela ahora muy difícil de cumplir. En primer lugar porque la decisión definitiva depende de la oposición en el Ayuntamiento, en manos del PSOE y del PP. Y es que, en última instancia, es el pleno municipal el que debe aprobar o rechazar esta propuesta que Podemos lanzó en la campaña electoral.

Lo que pretende el equipo de gobierno del Ayuntamiento gaditano es que los trabajadores de los tres primeros servicios que quiere absorber el Ayuntamiento (limpieza de la arena de las playas, socorrismo y mantenimiento de los módulos de las playas) se integren en una empresa municipal, llamada Cádiz 2000, que en la actualidad se dedica a la gestión del Palacio de Congresos. Kichi y su equipo había estudiado también la opción de integrarlos en Aguas de Cádiz, una idea muy razonable como cualquiera puede apreciar, que finalmente se desechó.

Pero para llevar a cabo esa integración de los trabajadores en Cádiz 2000, hay unos requisitos legales, requisitos que al Alcalde parece que no le preocupan cuando toma sus decisiones, pero a los que tiene que enfrentarse a la hora de ponerlas en marcha. Para empezar hay que cumplir con le trámite de cambiar el objeto social de la empresa Cádiz 2000, dedicada a la gestión del Palacio de Congresos, para que pueda asumir las actividades de socorrismo, limpieza de las playas y mantenimiento de los módulos de las playas. Hay que modificar por lo tanto sus estatutos para asumir las nuevas competencias y darla de alta en esas nuevas actividades.

Este trámite requiere la aprobación del Consejo de Administración de la empresa (del que forman parte una representación de los grupos municipales) y requiere asimismo la aprobación de su Junta General, es decir del Pleno municipal. Sin ellas no hay cambio de actividad posible. Y el equipo de gobierno está en clara minoría en el Pleno, por lo que la aprobación depende del apoyo del PSOE, del PP o de ambos.

Cabe también plantearse que aunque el equipo de Gobierno consiguiese apoyos para llevar esto adelante, el acuerdo y el cambio de actividad en Cádiz 2000 podría llevarse ante los tribunales ya que podría ser considerado un fraude de ley, una artimaña concebida para sortear la prohibición que pesa sobre el Ayuntamiento de Cádiz de crear nuevas empresas según la actual legislación.

Otro de los problemas, aparte de la viabilidad económica del proyecto municipalizador, es el de determinar qué pasaría con los trabajadores de las actuales empresas adjudicatarias y en qué condiciones se llevaría a cabo su absorción por parte del Ayuntamiento. Lo primero que habría que hacer es subrogarlos a todos con la antigüedad que tenga cada uno. Y  luego aclarar las condiciones laborales de la plantilla y establecer un convenio laboral. Se podrían plantear dos posibilidades, mantener convenios distintos según la actividad a la que se dedique cada nuevo trabajador de Cádiz 2000 o hacer un nuevo convenio que abarque todas las nuevas ocupaciones que se van a integrar en la empresa.

Como se puede ver, todo este proceso que Kichi quiere poner en marcha en Cádiz, demuestra una forma de hacer las cosas que dista mucho de ser profesional, organizada e incluso razonable. Y lo peor, es que este equipo de Gobierno que ni siquiera sabe cómo cumplir los trámites para prestar un servicio, sería luego el responsable de su puesta en marcha y de la gestión de su actividad diaria. Las playas de Cádiz pueden convertirse en un ejemplo y no precisamente para satisfacción y disfrute de los gaditanos.