En España, todos los municipios están obligados a prestar los servicios de alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.

Dependiendo de la capacidad de los municipios, aquellos que tengan una población superior a 5.000 habitantes deben añadir el cuidado del parque público, la biblioteca pública, el mercado y el tratamiento de residuos.

Los que pasen de 20.000 habitantes, además, tienen que añadir protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

Y, finalmente los que superen los 50.000 habitantes tienen que añadir transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.

Un correcto funcionamiento de estos servicios impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que gestionarlos con eficacia y calidad debe ser el imperativo de cualquier ayuntamiento, independientemente de quién los gestiona.