Estamos en año pre-electoral y muchos son los Ayuntamientos que se lanzan a hacer promesas consideradas por algunos como electoralistas e irrealizables. Una de estas propuestas es la del municipio barcelonés de Rubí, cuya alcaldesa dice estar trabajando por ofrecer un sistema de transporte público totalmente gratuito y universal a mediados de 2019.
No se trata de una propuesta aislada. El pasado mes de febrero el Gobierno de Angela Merkel anunció que está estudiando ofrecer transporte público gratuito para hacer frente a la contaminación del aire en las principales ciudades alemanas. El proyecto piloto de transporte público gratuito podría ponerse en marcha cinco ciudades: Essen, Bonn, Mannheim, Reutlingen y Herrenberg.
La idea está bien vista por las empresas encargadas de gestionar el transporte público en Alemania, aunque también con escepticismo. «Es una idea visionaria, aunque definitivamente necesitaría varias pruebas piloto”.
En España, la Asociación del Transporte Urbano Colectivo (ATUC) no se muestra muy por la labor. De hecho, rechaza cualquier planteamiento que proponga la gratuidad del sistema, no solo en episodios de alta contaminación sino también a instaurarla de forma permanente.
La entidad considera que un transporte público 100% gratuito no se sostiene por sí mismo y, al final, si no hubiera unas tarifas, serían los propios ciudadanos quienes, a través de los impuestos, estarían financiando este modelo.
¿Cómo se financia actualmente el transporte público?
Según un estudio realizado por la misma ATUC a partir de los últimos cifras del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, elaborado con datos de 14 municipios, A Coruña es la ciudad con un sistema más autosuficiente: tres de cada cuatro euros son sufragados por los ingresos de los billetes. Por su parte, Tarragona es el municipio cuyo transporte público depende en mayor medida de fondos públicos. Estos suponen un 63% respecto al coste total.
Por su parte, Madrid es la que obtiene mayores ingresos tarifarios: hasta los 880,1 millones de euros, que sirven para costear la mitad del sistema de transporte público urbano. Barcelona sufraga el 56,8% con lo que ingresa por billetes y abonos. Una cifra prácticamente similar a la de Valencia, que cubre el 56,2% de sus necesidades financieras por dicha vía.
El sector reclama una normativa
España carece en la actualidad de un marco legal que ordene estas subvenciones y que establezca cuánto tiene que sufragar la administración a los diferentes niveles.
Por este motivo, la Asociación del Transporte Urbano Colectivo, reclama desarrollar una Ley de Financiación del Transporte Público, tal y como existe en el resto de países europeos. Ello permitiría conocer los recursos disponibles para financiar el sistema de transporte público con antelación y a un plazo mínimo de cinco años.