La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lleva tiempo empeñada en remunicipalizar el servicio de suministro de agua en Barcelona, uno de los mejor valorados por los ciudadanos, como demuestra nuestro barómetro Osur, y que desde hace décadas Agbar gestiona con gran eficiencia. Colau quiere manejar este importantísimo servicio público a su antojo, arrebatar la gestión a una empresa especializada, que lo hace bien y controlar ella misma este bien básico y su precio, como ha señalado la representante de Ciudadanos Carina Mejías. Ese y no otro era el verdadero fin de su multiconsulta.

Una multiconsulta popular, en la que quiere preguntar a los ciudadanos si quieren cambiar el nombre de una plaza, mantener un gimnasio en el Raval, construir unas viviendas sociales y, de paso, remunicipalizar el servicio de agua, como si no tuviese mayor importancia que rebautizar una plaza. La alcaldesa lo quería validar con los votos de la oposición, en un pleno contra el que la Delegación del Gobierno y la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público habían recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Pero es que además, el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público suspendió el procedimiento de contratación de la logística para la multiconsulta por haber incluido en sus pliegos cláusulas contrarias a la igualdad y libre concurrencia. Frente a esta decisión, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Colau decidió entonces no convocar una licitación pública, sino que asignó de forma directa el servicio. Esta la forma de respetar las leyes y a los tribunales que tienen estos nuevos políticos.

Colau siguió adelante con su plan y hoy, el gran día en el que el pleno debía dar luz verde a sus planes, la multiconsulta ha llegado a su fin. Afortunadamente para los barceloneses, el proyecto de Colau ha sido enterrado por la oposición. Con excepción de ERC, todos los partidos han votado en contra. Incluso la CUP se ha negado a la celebración de este “referéndum” municipal.
El principal partido de la oposición, el PDeCAT, por boca de su portavoz Raimond Blasi, ha explicado que Colau es como un “Rey Midas de la política, que todo lo que toca, lo rompe” y ha asegurado que “este pleno evidencia el final de su mandato. Un mandato que acabó hace tres años”.

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Carina Mejías, ha calificado la multiconsulta de “instrumento de autopropaganda de una legislatura que ha fracasado”. Mejías, que en su intervención hizo repaso de los distintos recursos judiciales contra la multiconsulta, afirmó que “estas preguntas provienen de las entidades afines a ustedes y a sus promesas electorales. No son de interés general sino de su propio interés. Enmascaran la participación para asumir la incapacidad de su gestión”.

Incluso los antiguos socios de Colau, los socialistas del PSC, fueron ayer muy críticos con los comunes y su concejal, Carmen Andrés, rechazó dar su voto “para que la alcaldesa pueda hacer un decreto para una consulta de la que no conocemos el coste”.

Y es que las decisiones de los Ayuntamientos afectan de forma muy directa a la vida diaria de los ciudadanos y estos deberían ser especialmente cuidadosos a la hora de tomarlas. Y desde luego, cuando afectan a servicios tan importantes y esenciales como lo es el suministro de agua, cualquier cambio debería ser pensado, evaluado con criterios técnicos y económicos muy claros y no tomado a la ligera siguiendo impulsos ideológicos, que solo conducen a acabar dando a los ciudadanos servicios deficientes a cambio de los que funcionan de forma excelente.

Diego Jalón